Editorial

Para qué la protesta

El derecho a la protesta social es una garantía constitucional establecida en el artículo 32 de la carta magna del Paraguay desde 1992. Tras la oscura y larga noche de la dictadura cuando estaban prohibidas las reuniones de entre 2 o más personas, el derecho a la protesta social, junto con otras garantías como el derecho a la organización, son componentes fundamentales para promover la participación ciudadana en el destino político de la república.

 

A propósito de los límites de la participación ciudadana a través del sufragio universal, es decir, el hecho de votar en elecciones pues últimamente es más una tradición mercantilista y apasionada en vez de ser una “fiesta cívica” donde se expresan las necesidades profundas de cambios sociales y políticos de nuestro pueblo. Los representantes elegidos para los diferentes estamentos del gobierno nacional, departamental y local, recurrentemente son criticados por diferentes hechos de corrupción, impunidad, políticas represivas, entre otros. Entonces, la protesta social a través de las organizaciones y también de parte de los autoconvocados, es una herramienta de participación ciudadana más genuina que las elecciones de cada cinco años.

 

Sin embargo, entre todas las protestas sociales y las organizaciones existentes también hay diferentes reivindicaciones y distintas líneas de trabajo, algunas más profundas y estructurales y otras más paliativas y superficiales. ¿Cuáles son los reclamos que interpelan al estado paraguayo, más allá del gobierno de turno? ¿Cuáles son las reivindicaciones que pueden lograr cambios profundos para avanzar hacia la democratización del país?

protest-155927__340-300x285 Para qué la protesta

La historia de los pueblos ha logrado conquistas importantes como la abolición de la esclavitud, el voto universal, la educación elemental pública, el voto femenino, las ocho horas de jornada laboral, entre otros, a través de organizaciones que reclamaban cambios que tuvieran gran impacto en toda la población y a largo plazo en un determinado lugar.

 

Las políticas públicas tienen que ser el resultado de consensos amplios generados con la sociedad civil, partiendo de la base de diagnósticos participativos donde se tiene en cuenta a la totalidad de la población y además a diferentes sectores, considerando la historia, los desafíos actuales y las propuestas a largo plazo.

 

Cualquier gobierno que pretenda ser democrático, si va a implementar programas y proyectos como “políticas públicas”, lo tiene que hacer pensando no solamente en el tiempo inmediato sino procurando soluciones sostenibles, además de involucrar, por ejemplo hablando del sectores campesinos, a todas las familias campesinas y no solo a una lista de beneficiarios que presenta una determinada organización.

 

Finalmente, la protesta social puede ser funcional al asistencialismo de los gobiernos o puede promover cambios estructurales para mejorar las condiciones de igualdad de toda la población. ¿Y vos, de qué lado estás?